La pena máxima para el delito de peculado, es decir, trece años de cárcel, es la sentencia que solicitó la tarde de este domingo, 22 de junio, el fiscal general encargado, Wilson Toainga, para Jorge Glas, exvicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y para Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción, procesados dentro del caso Reconstrucción de Manabí.
La Fiscalía solicitó al Tribunal de Juicio que defina que Jorge Glas y Carlos Bernal como reparación integral entreguen a la Procuraduría $ 225’325.910,92.
La pena máxima para el delito de peculado, es decir, 13 años de cárcel, es la sentencia que solicitó la tarde de este domingo, 22 de junio, el fiscal general encargado Wilson Toainga para Jorge Glas, exvicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y Carlos Bernal, exsecretario Técnico del Comité de la Reconstrucción, procesados dentro del caso Reconstrucción de Manabí.
Toainga sostuvo que luego de cinco días de audiencia de juzgamiento no existe duda del abuso ejercido por Jorge Glas y Carlos Bernal al dinero que los ecuatorianos entregaron a fin de procurar los derechos de medicina, salud, educación, vivienda y reactivación económica para la población en las zonas gravemente afectadas a consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, al viabilizar la priorización de varios proyectos ajenos al objeto de la Ley de Solidaridad.
Ese análisis fue parte del alegato de cierre del fiscal Toainga dentro del juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí, proceso penal en el que Glas y Bernal son acusados de ser los autores del delito de peculado. El Tribunal de Juicio está integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Javier de la Cadena.
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A decir de Toainga, a través de esta audiencia se ha podido apreciar que el delito de peculado no comprende únicamente ni exclusivamente conductas de apropiación, distracción, ni disposición arbitraria de fondos públicos, sino también que este delito puede cometerse a través de conductas de abuso de dineros públicos por parte de funcionarios que han utilizado de manera indebida e inadecuada los recursos económicos pertenecientes al Estado recaudados por la Ley de Solidaridad, contraria a los fines por los cuales fueron asignados.
“Precisamente el concepto de uso indebido es lo que define el término abusar que contempla el verbo rector del tipo penal de peculado”, explicó el fiscal general. (I)
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