La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que ya tramitó tres proyectos de ley con carácter económico urgente, será también la encargada de analizar y elaborar los informes sobre el cuarto proyecto, enfocado en el control de flujos irregulares de capitales.
El proyecto del Ejecutivo fue remitido el pasado 29 de julio y la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para aprobar o negar la propuesta
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que ya tramitó tres proyectos de ley con carácter económico urgente, será también la encargada de analizar y elaborar los informes sobre el cuarto proyecto, enfocado en el control de flujos irregulares de capitales.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), reunido este viernes 1 de agosto calificó el proyecto que busca establecer mayores controles sobre el financiamiento y funcionamiento de las fundaciones y organizaciones internacionales.
Las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pasarán a ser supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según la propuesta que ingresó a la Asamblea el pasado 29 de julio y que la Asamblea Nacional tiene 30 días para tramitarla.
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Se plantea que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias o entidades sin fin de lucro, sean nacionales o extranjeras, que operan en el territorio nacional, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros y esta ley.
En la propuesta se incluyen infracciones que podrían cometer las fundaciones, como el uso indebido o desvío de los recursos económicos respecto a sus fines declarados o a disposiciones legales; el incumplimiento reiterado de las normas contables, de transparencia o de prevención de lavado de activos y obstaculizar la labor de control de la Superintendencia.
El proyecto de ley también reforma el impuesto a la renta en la distribución de dividendos o utilidades, e incorpora un nuevo impuesto sobre las utilidades que no son distribuidas a los accionistas de las empresas. El texto no toca a las utilidades del 15 % que se reparten a los trabajadores.
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Lo que se plantea es fija un impuesto a la renta único del 12 % sobre el importe del monto de utilidades que se distribuya a los accionistas. Estarán sujetos a esto las sociedades residentes o establecimientos permanentes en Ecuador.
Se aplicará una tarifa del 10 % si los dividendos se entregan a no residentes en el país. Sin embargo, la tarifa será del 14 % si en cualquier nivel de la cadena de propiedad hay un residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición; y si se detecta que el beneficiario final del dividendo es un residente en Ecuador.
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Una vez calificado el proyecto de ley, la Comisión de Desarrollo Económico presidida por la asambleísta, Valentina Centeno, se reunirá para aprobar el cronograma de trabajo y establecer el orden en que serán recibidos tanto del sector del Gobierno como de las organizaciones sin fines de lucro, academia, gremios y ciudadanos. (I)
El Universo
