Dieciocho asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción de protección con medidas cautelares por violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la comunidad de San Miguel del Común, parroquia de Calderón, en Pichincha, en el marco de las protestas derivadas por la eliminación de subsidio al diésel.
La acción de protección fue presentada este 20 de octubre y está suscrita por dieciocho asambleístas de la Revolución Ciudadana.
Dieciocho asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción de protección con medidas cautelares por violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la comunidad de San Miguel del Común, parroquia de Calderón, en Pichincha, en el marco de las protestas derivadas por la eliminación de subsidio al diésel.
La acción fue presentada el 20 de octubre de 2025 y está suscrita por los asambleístas Viviana Veloz, Luis Molina, Paola Cabezas, Patricia Núñez, Jahiren Noriega, Verónica Íñiguez, Liliana Durán, Cristina Jácome, Héctor Rodríguez, Roque Ordóñez, Xavier Lasso, Comps Córdova, Gabriela Molina, Eustaquio Toala, Fernando Cedeño, Franklin Samaniego, Gustavo Mateus y Héctor Valladares.
La denuncia, según el escrito, es por graves violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con responsabilidad del Estado, durante los operativos ejecutados en la comunidad de San Miguel del Común, del cantón Quito, entre el 8 y 19 de octubre de 2025, en el contexto de las protestas sociales derivadas del paro nacional.
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En la descripción de los hechos señalan los eventos registrados después de que el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, hasta el día 19 de octubre cuando el primer mandatario anunció el cese del proceso de diálogo con los dirigentes de las comunidades indígenas de Imbabura.
Relatan que hasta la fecha se registran 46 periodistas agredidos por parte de la fuerza pública, 3 muertos, niños y niñas asfixiados, 50 dirigentes investigados por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, bloqueo de cuentas a los dirigentes sociales e indígenas, 123 personas detenidas, además de detenciones y allanamientos en las comunidades indígenas, sin orden judicial, denuncias de presunto ingreso de militares a hospitales públicos para ejecutar detenciones arbitrarias.
Peticiones
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- Admitir la presente queja y registrarla para su trámite conforme al Reglamento de la CIDH, al considerar que cumple con los requisitos formales de admisibilidad (competencia, legitimación, plazo, agotamiento excepcionado por lo antes expuesto, etc.). Rogamos se nos notifique la admisión a la brevedad posible, dada la urgencia del asunto.
- Requerir al Estado ecuatoriano la adopción de medidas de protección urgentes y eficaces, incluyendo otorgar medidas cautelares, a fin de salvaguardar los derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión y reunión pacífica de los habitantes de San Miguel de Común y demás personas que han participado en las protestas sociales en las provincias de Pichincha e Imbabura. En particular, solicitamos que:
2.1 Se inste al Estado a abstenerse de emplear fuerza desproporcionada o letal contra manifestantes en el contexto de nuevas movilizaciones.
2.2 Se garantice la seguridad e integridad física y psicológica de los detenidos bajo custodia estatal, previniendo y sancionando todo acto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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2.3 Se proteja a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y actores comunitarios, previniendo todo acto de represalia o intimidación que pueda constituir un daño irreparable.
3. Recomendar al Estado ecuatoriano la adopción de medidas de reparación integral, tanto individuales como colectivas, que incluyan:
3.1 La investigación exhaustiva de los hechos y la sanción de los responsables.
3.2 La reparación de los daños sufridos por las víctimas.
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3.3 Garantías de no repetición, incluyendo reformas institucionales en los protocolos de actuación de la fuerza pública.
3.4 Medidas de reconocimiento y restitución de derechos a las comunidades afectadas, en especial a los habitantes de San Miguel de Común.
(I)
El Universo
