El Gobierno de Colombia estaría preparando una estrategia para combatir la extorsión carcelaria y evitar que delincuentes de alto perfil continúen controlando organizaciones criminales desde las prisiones. Según información exclusiva conocida por El Tiempo, la medida contempla el uso de buques cárcel para aislar a algunos de los principales cabecillas.
La medida busca cortar las comunicaciones de delincuentes de alto perfil con sus organizaciones criminales desde las cárceles, reportó El Tiempo.
El Gobierno de Colombia estaría preparando una estrategia para combatir la extorsión carcelaria y evitar que delincuentes de alto perfil continúen controlando organizaciones criminales desde las prisiones. Según información exclusiva conocida por El Tiempo, la medida contempla el uso de buques cárcel para aislar a algunos de los principales cabecillas.
La estrategia retomaría un mecanismo utilizado hace casi 20 años durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando los exjefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, fueron trasladados a embarcaciones de la Armada para cortar sus comunicaciones y vínculos con sus estructuras criminales.
De acuerdo con El Tiempo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya trabajan de manera articulada en la iniciativa.
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Fuentes conocedoras del sistema penitenciario señalaron al medio que la medida podría convertirse en una realidad en los próximos meses. Todavía no se han definido los nombres de los internos que serían trasladados.
La estrategia no estaría dirigida únicamente contra jefes relacionados con la extorsión, sino contra delincuentes de alto perfil que puedan mantener el control de organizaciones criminales desde prisión.
El Ministerio de Defensa confirmó que se avanzará en la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), que combinará las capacidades del Inpec con las de la Armada de Colombia.
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La nueva estrategia pretende aplicar nuevamente ese principio de aislamiento. Una de las fuentes citadas por El Tiempo explicó que la intención es mantener a los internos “aislados de todo: comunicaciones y nexos” con sus organizaciones.
La medida podría enfrentar recursos legales por parte de los abogados de los presos, quienes podrían argumentar afectaciones a derechos relacionados con el arraigo familiar, la resocialización y las visitas.
Sin embargo, fuentes consultadas por el medio aseguraron que el Gobierno está dispuesto a defender jurídicamente la iniciativa. (I)
El Universo
