Organizaciones ambientalistas y exfuncionarios del Ministerio del Ambiente rechazaron la creación de la Empresa Pública del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que consta en el informe para primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del sistema nacional de áreas protegidas.
El primer debate de la Ley de Áreas Protegidas será este 2 de julio y luego el texto retornará a la mesa de Desarrollo Económico para el segundo informe.
Organizaciones ambientalistas y exfuncionarios del Ministerio del Ambiente rechazaron la creación de la Empresa Pública del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que consta en el informe para primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del sistema nacional de áreas protegidas.
El proyecto económico urgente remitido por el Ejecutivo se tramita en la Comisión de Desarrollo Económico y entrará a primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, este 2 de julio de 2025, en la sesión n.º 015 convocada para las 12:00.
En una carta dirigida al presidente del Legislativo, Niels Olsen; al presidente de la República, Daniel Noboa; y a la ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, los exfuncionarios saludan la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas como una entidad técnica.
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Sin embargo, cuestionan la propuesta de constituir este servicio como una empresa pública.
“La figura de empresa pública podría abrir la puerta a procesos de privatización encubierta, tercerización de servicios esenciales y pérdida de control estatal sobre territorios estratégicos”, advierten los ambientalistas.
Asimismo, los nueve firmantes observaron que “la conservación de la biodiversidad no debe estar sujeta a lógicas empresariales ni a esquemas de rentabilidad económica”.
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En este sentido, exhortaron al Gobierno a que reconsidere la propuesta y abra un espacio de diálogo con actores sociales comunidades locales, academia y organizaciones ambientales.
En lugar de la empresa pública, ellos proponen la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como un organismo técnico autónomo, con financiamiento público y mecanismos de cooperación internacional.
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¿Quiénes son los firmantes de la carta?
Son nueve personas quienes suscriben la misiva dirigida a Daniel Noboa, Niels Olsen y María Luisa Cruz, entre ellos:
- Tarsicio Granizo, exministro del Ambiente y representante de WWF Ecuador.
- Alfredo Carrasco, exsubsecretario de Capital Natural del Ministerio del Ambiente.
- Galo Medina, director del Programa Ecuador, The Nature Conservancy.
- Sebastián Valdivieso, director del Programa WCS.
- Carmen Josse, directora ejecutiva de EcoCiencia.
Informe para primer debate
El 29 de junio pasado, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó, con siete votos, el texto para primer debate, que permite la participación de la fuerza pública en los sitios donde haya presencia de grupos criminales.
En la mesa presidida por la legisladora oficialista Valentina Centeno (ADN) se incluyeron cambios, como la creación de una empresa pública denominada Servicio Nacional de Áreas Protegidas SNAP-EP, y quien debe crearla es el presidente de la República. Será la responsable del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y tendrá la potestad de constituir fideicomisos públicos para administrar los recursos del sistema.
El fideicomiso estará alimentado por donaciones nacionales e internacionales, préstamos, rendimientos y además los rendimientos que generan los proyectos impulsados por el propio SNAP-EP.
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Según Centeno, esta ley permitirá, entre otras cosas, proteger las reservas naturales de la minería ilegal. (I)
El Universo
