La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador solicitaron este domingo, 2 de agosto, al Tribunal de Garantías Penales que imponga la pena máxima prevista para el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a los procesados en el caso Triple A, además de ordenar una reparación integral de $ 61,5 millones por el presunto perjuicio ocasionado al Estado. La solicitud se suma al pedido previamente realizado por Fiscalía.
Los acusadores particulares también solicitaron la reparación integral por el perjuicio económico que, según la acusación, sufrió el Estado.
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador solicitaron este domingo, 2 de agosto, al Tribunal de Garantías Penales que imponga la pena máxima prevista para el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a los procesados en el caso Triple A, además de ordenar una reparación integral de $ 61,5 millones por el presunto perjuicio ocasionado al Estado. La solicitud se suma al pedido previamente realizado por Fiscalía.
El Universo
