La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional esperará una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para continuar sustanciando el juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solada Goyes, quien notificó que tiene permiso médico porque será sometida a una cirugía este 3 de julio.
Al momento el juicio se encuentra en la etapa de ejecución de pruebas de cargo y de descargo que incluye comparencias de testigos
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional esperará una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para continuar sustanciando el juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solada Goyes, quien notificó que tiene permiso médico porque será sometida a una cirugía este 3 de julio.
La mesa de Fiscalización fue convocada para este jueves 3 de julio a las 10:00 para conocer el cronograma de actuación de pruebas de cargo y de descargo, y resolver la incorporación de nueva prueba. Pese al pedido de Goyes, la mesa continuó con el punto en el orden del día y conoció el cronograma.
Goyes remitió tanto a la Comisión de Fiscalización como al Consejo de la Judicatura una comunicación dando a conocer que el 30 de junio de 2025 ingresó por emergencia a una clínica de la ciudad de Quito al servicio de Gastroenterología – Cirugía General.
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Que los médicos tratantes han determinado la realización de una intervención quirúrgica para el 03 de julio de 2025, razón por la cual, no podrá desarrollar actividades físicas durante 20 días aproximadamente.
Goyes puso en conocimiento su condición médica para que tomen las medidas respectivas. En su comunicación pide que se suspenda los plazos del proceso de juicio político.
El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez (ADN), señaló que en virtud de lo expuesto por la funcionaria Solanda Goyes y no teniendo la Comisión la facultad para pronunciarse sobre la suspensión o no de los plazos y conforme el precedente que consta en la Asamblea Nacional, se remitirá este pedido al Consejo de Administración Legislativa para que sea ese organismo quien dirima sobre esta petición de Goyes para verificar si procede o no la suspensión de los plazos.
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Álvarez insistió que el CAL será quien dirima sobre la pertinencia o no, más allá de los criterios que puedan tener los asambleístas miembros de la mesa de Fiscalización.
“Yo sí soy respetuoso en eso y sería el CAL el que deba dirimir sobre esta situación. Así que al respecto no amerita un mayor pronunciamiento por parte de la comisión”, afirmó.
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Proceso de juicio
La vocal Solanda Goyes, el pasado 1 de julio, presentó por escrito sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización y afirmó que las acusaciones en su contra están “alejadas de la realidad”.
La funcionaria fue acusada por el asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, de un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con un “boicot” en la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
El 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objeto de conocer y aprobar el reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tenía como objetivo viabilizar lo resuelto en consulta popular y designar a jueces constitucionales.
En un documento, Goyes, indicó los inconvenientes que ha tenido el órgano de administración de justicia para elaborar el reglamento para la selección de los magistrados especializados y las propuestas que desde su despacho ha emitido, pero que no fueron acogidas.
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“El camino de este reglamento es tortuoso y no incorpora los criterios de especialización, experiencia, probidad y paridad; no se acogió nada de las observaciones y los textos presentados por la vocalía por mí presidida, y nunca se socializó con los sectores involucrados: academia, colegios de abogados, jueces, universidades”, dice la contestación.
La vocal del Consejo de la Judicatura recordó lo sucedido en el pleno el 16 de abril, cuando abandonó la sesión; y lo ocurrido el 22 de abril, cuando no asistió a la reinstalación, en la que se buscaba votar por el reglamento. Y Goyes refutó que “en ningún momento la normativa constitucional o legal establece obligación de votar por propuestas que un vocal cuestiona”. (I)
El Universo
