El Gobierno de José Antonio Kast prepara una reforma constitucional de seguridad que incluye un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves contra la seguridad pública.
La propuesta permitirá restringir derechos, interceptar comunicaciones y desplegar a las Fuerzas Armadas ante amenazas graves contra la seguridad pública.
El Gobierno de José Antonio Kast prepara una reforma constitucional de seguridad que incluye un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves contra la seguridad pública.
Aunque el Ejecutivo realizó la semana pasada una actividad para anunciar el proyecto, la iniciativa todavía no ha ingresado formalmente al Senado y podría recibir nuevos cambios.
La última versión del borrador mantiene 11 modificaciones a la Constitución y establece un estado de excepción de seguridad pública, diferente al estado de emergencia actualmente vigente.
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¿Cuándo podría aplicarse?
La propuesta señala que este mecanismo podrá declararse ante una “amenaza grave e inminente” contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.
El plazo también cambia respecto de la versión anterior. El estado de excepción podrá extenderse por 120 días y ser prorrogado por otros 120 días, es decir, podría mantenerse durante un máximo de ocho meses si se cumplen las condiciones para su renovación.
¿Qué facultades tendría el Presidente?
El borrador otorga amplias atribuciones al Presidente durante la vigencia de este estado de excepción. Entre ellas están:
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- Suspender o restringir la libertad personal y de locomoción.
- Restringir el derecho de reunión y la libertad de trabajo.
- Limitar el ejercicio del derecho de asociación.
- Interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones.
- Disponer requisiciones de bienes.
- Establecer limitaciones al derecho de propiedad.
La posibilidad de interceptar comunicaciones ya había sido adelantada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien señaló que las intervenciones en barrios afectados por el crimen organizado podrían incluir esta medida.
¿Qué papel tendrán las Fuerzas Armadas?
El proyecto establece que las Fuerzas Armadas podrán colaborar con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública durante este estado de excepción. Sin embargo, mantiene la primacía de las instituciones policiales en las labores de orden público.
Uno de los puntos que genera dudas es quién tendrá el mando de las fuerzas desplegadas. La versión anterior señalaba que las zonas quedarían bajo una autoridad de Orden y Seguridad Pública designada por el Presidente. El nuevo borrador eliminó esa referencia y ahora establece que estarán bajo la dependencia de “la autoridad que designe” el mandatario.
El cambio deja abierta la posibilidad de que el Presidente determine directamente qué autoridad estará a cargo de las zonas afectadas.
Expertos y exintegrantes de las Fuerzas Armadas han cuestionado esta parte de la reforma. El académico Fernando Wilson advirtió sobre la falta de claridad respecto de las facultades y límites que tendrían los militares al intervenir contra organizaciones criminales.
El exsubsecretario de Defensa Gabriel Gaspar, en tanto, sostuvo que las Fuerzas Armadas no deberían asumir tareas policiales y planteó que se deben reforzar las capacidades de Carabineros y otras instituciones de seguridad.
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La reforma aún no llega al Senado
El proyecto también contempla otras medidas contra el crimen organizado y el terrorismo, como restricciones para acceder a determinadas prestaciones financiadas por el Estado y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para personas condenadas por crimen organizado o narcotráfico.
La iniciativa ha generado reparos incluso dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que su partido no respaldaría una reforma constitucional demasiado amplia que incorpore materias que deberían estar reguladas por ley.
Por ahora, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de modificar el texto antes de enviarlo formalmente al Senado. (I)
El Universo
