Alemania ha roto un tabú en su política de seguridad: sus espías podrán pasar de vigilar al adversario a sabotear sus operaciones. El Bundestag aprobó este viernes lo que el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, proclamó como la «reforma del siglo»: una ampliación de facultades que permitirá al Servicio Federal de Inteligencia (BND) inutilizar instalaciones en el extranjero, manipular suministros y paralizar servidores. El objetivo, en palabras del ministro, es convertir los servicios de información en «auténticos servicios secretos».
La ampliación de facultades permitirá al Servicio Federal de Inteligencia inutilizar instalaciones en el extranjero, manipular suministros y paralizar servidores
Alemania ha roto un tabú en su política de seguridad: sus espías podrán pasar de vigilar al adversario a sabotear sus operaciones. El Bundestag aprobó este viernes lo que el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, proclamó como la «reforma del siglo»: una ampliación de facultades que permitirá al Servicio Federal de Inteligencia (BND) inutilizar instalaciones en el extranjero, manipular suministros y paralizar servidores. El objetivo, en palabras del ministro, es convertir los servicios de información en «auténticos servicios secretos».
La reforma acerca al BND al terreno de las operaciones clandestinas en el que actúan servicios como la CIA estadounidense, el MI6 británico o el Mossad israelí. El nuevo mandato alemán tiene un límite expreso: las operaciones para matar quedan excluidas.
Con 309 votos a favor, 190 en contra y 71 abstenciones, la coalición de conservadores y socialdemócratas sacó adelante una profunda reorganización de la seguridad alemana. En un Gobierno acostumbrado a discutir públicamente sus diferencias, el acuerdo supone una victoria política para Dobrindt. El SPD exigió reforzar los controles, pero respaldó el núcleo de las nuevas facultades operativas. Alemania es «terreno de operaciones del terrorismo, del extremismo y de potencias extranjeras», sostuvo el ministro ante el Bundestag.
Su respuesta a ese «conflicto en la sombra que amenaza nuestra libertad» pasa por dar a los agentes herramientas para desactivar las amenazas allí donde se preparan. El Ejecutivo señala especialmente a Rusia, aunque también advierte de las actividades de China e Irán. Los contraataques informáticos, conocidos como hackbacks, dejan de ser una línea roja. El BND podrá penetrar en sistemas, alterar o borrar datos, bloquear comunicaciones e inutilizar servidores desde los que se lanzan agresiones. La actuación deberá ajustarse a condiciones legales específicas y a criterios de necesidad y proporcionalidad.
El alcance va más allá de las pantallas. Entre los ejemplos expuestos por el Gobierno figuran introducir componentes defectuosos en determinadas entregas o acceder a los sistemas de una fábrica de drones o de un laboratorio de armas químicas para interrumpir su producción. La norma contempla responder a peligros inmediatos descubiertos durante una investigación y actuar ante amenazas persistentes y planificadas de potencias extranjeras. Ese mandato exigirá medios. Las redes, los especialistas y la experiencia para sostener operaciones en el extranjero no nacen con una votación parlamentaria. Berlín quiere reducir su dependencia de los aliados, cuyos avisos han resultado decisivos para impedir atentados en Alemania. La autorización legal abre un terreno en el que el BND tendrá que desarrollar sus capacidades.
Dentro del país, la reforma cruza otro umbral: el de las viviendas. En situaciones de especial peligro, los agentes de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), responsable de la Inteligencia interior, podrán entrar clandestinamente en un domicilio, por ejemplo para manipular un dispositivo técnico. La facultad estará sometida a requisitos específicos y a la utilización previa de otras medidas. No autoriza a acceder simplemente para conocer cómo vive un sospechoso. Las detenciones y los registros policiales abiertos seguirán correspondiendo a la policía. La coacción física contra personas queda excluida para ambos servicios. El Gobierno invoca un problema concreto para justificar la excepción. Un organismo extranjero puede proporcionar información sobre un posible terrorista y prohibir que se transmita a la policía para proteger sus fuentes. Hasta ahora, el servicio interior debía recurrir a otras autoridades para intervenir. En determinados supuestos urgentes podrá hacerlo por su cuenta si esas autoridades no pueden impedir el daño a tiempo.
Ahí se encuentra la frontera más delicada de la reforma. La separación entre policía e Inteligencia se estableció como garantía frente a la concentración de poder y los abusos del nazismo: unos recogen información y otros ejercen las facultades policiales. La coalición asegura que el principio permanece. La oposición cuestiona hasta dónde lo erosionan las nuevas excepciones. La Izquierda advierte del riesgo de crear una policía secreta. Los Verdes respaldan la modernización del BND, pero critican las atribuciones del servicio interior, incluida la posibilidad de captar informantes menores de edad. También preocupa el uso de esas herramientas bajo un futuro Gobierno de AfD. A petición del SPD se incorporó una «cláusula de resiliencia» que permitirá restringir la cooperación con los servicios de un estado federado cuando estén amenazados intereses esenciales de seguridad. Aunque no menciona a AfD, responde al temor de que información sensible pueda quedar expuesta bajo una administración regional de extrema derecha.
Dobrindt rechazó las comparaciones con una policía política y aseguró que los servicios estarán sometidos a los controles más fuertes de su historia. El Consejo Independiente de Control supervisará las medidas activas del BND y del BfV y deberá autorizarlas previamente, salvo en situaciones urgentes que permitan una revisión posterior. Se ampliarán su composición y sus competencias, mientras se mantendrá la fiscalización parlamentaria. El giro rebasa al espionaje. El jueves, el Bundestag aprobó otra ley que refuerza las herramientas de la Oficina Federal de Investigación Criminal y de la Policía Federal para neutralizar programas utilizados por atacantes. El Gobierno prepara además nuevas facultades de investigación digital y la conservación de direcciones IP. Con ese paquete, Berlín busca responder a una confrontación que golpea redes, empresas e infraestructuras sin necesidad de declarar una guerra.
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