Las autoridades españolas desarticularon una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en Madrid y Tenerife, donde mujeres venezolanas eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar deudas impuestas por sus captores.
Según las autoridades, las víctimas eran captadas en Venezuela mediante falsas promesas de empleo o mejores oportunidades económicas.
Las autoridades españolas desarticularon una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en Madrid y Tenerife, donde mujeres venezolanas eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar deudas impuestas por sus captores.
La investigación, desarrollada por la Policía Nacional, permitió identificar a 14 víctimas y detener a 17 personas presuntamente vinculadas con la red. Tres de los principales responsables permanecen en prisión provisional mientras continúan las diligencias.
Las pesquisas comenzaron en agosto de 2025 tras la denuncia de dos testigos que alertaron sobre la situación de varias mujeres explotadas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en Tenerife.
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A medida que avanzó la investigación, los agentes localizaron nuevas víctimas en distintos municipios de Madrid y lograron reconstruir el funcionamiento de la organización, que trasladaba a las mujeres entre varias ciudades para mantener el control sobre ellas y aumentar las ganancias.
Según las autoridades, las víctimas eran captadas en Venezuela mediante falsas promesas de empleo o mejores oportunidades económicas. Una vez en España, contraían deudas de entre 7.000 y 9.000 euros, que debían pagar mediante la prostitución.
La red controlaba todos los aspectos de la actividad de las mujeres. Los investigados administraban sus cuentas bancarias, gestionaban anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios sexuales y se apropiaban de los beneficios obtenidos.
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La investigación reveló además las estrictas reglas impuestas en los pisos prostíbulo. Las mujeres permanecían sometidas a un fuerte control y debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
De acuerdo con la Policía, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución incluso durante sus períodos menstruales y no podían rechazar a ningún cliente ni negarse a realizar las prácticas sexuales exigidas, incluidos servicios sin preservativo.
Las mujeres también residían permanentemente en los inmuebles utilizados para la explotación y no podían salir solas. Además, eran vigiladas mediante cámaras instaladas en los pisos, lo que reforzaba el control ejercido por la organización.
Para prolongar la explotación, la red imponía multas arbitrarias, concedía préstamos en condiciones abusivas y generaba nuevas deudas de forma continua, dificultando que las víctimas pudieran abandonar el círculo de sometimiento.
Los investigadores determinaron que los responsables retiraban la documentación personal de las mujeres y las amenazaban a ellas y a sus familiares. Según la Policía, los implicados se presentaban como miembros del grupo criminal Tren de Aragua para reforzar el temor de las víctimas.
Como resultado de la operación fueron intervenidos dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con los hechos. Además, se bloquearon 14 activos financieros presuntamente utilizados para canalizar los beneficios obtenidos mediante la explotación sexual. (I)
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