Ayer viernes, último día de elecciones anticipadas en el estado de Georgia, la cola para votar daba casi la vuelta a una de las bibliotecas pública del condado de Fulton. Una voluntaria de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) trataba de animar a los recién llegados pero sin edulcorar demasiado la situación. «Va a ser como una hora de cola, pero es importante votar», explicaba. Una de las bibliotecarias comentaba que las de 2026 se han convertido una de las elecciones de medio mandato más populares que recuerda. El jueves por la noche más de 2.294.275 georgianos habían ejercido ya su derecho al voto.
El senador por Georgia, Jon Ossoff, aspira a revalidar el escaño y suena como posible presidenciable en 2028
Ayer viernes, último día de elecciones anticipadas en el estado de Georgia, la cola para votar daba casi la vuelta a una de las bibliotecas pública del condado de Fulton. Una voluntaria de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) trataba de animar a los recién llegados pero sin edulcorar demasiado la situación. «Va a ser como una hora de cola, pero es importante votar», explicaba. Una de las bibliotecarias comentaba que las de 2026 se han convertido una de las elecciones de medio mandato más populares que recuerda. El jueves por la noche más de 2.294.275 georgianos habían ejercido ya su derecho al voto.
La cifra es superior al total de votaciones anticipadas de 2022, el anterior récord del estado, y da una idea del interés que han despertado los comicios a pesar de no estar en juego la presidencia del país.
Los votantes de Georgia tienen buenos motivos. El hombre al que Donald Trump pidió por teléfono que le encontrara 11.780 votos en 2020 supervisará el martes su última elección. Brad Raffensperger seguirá siendo secretario de Estado de Georgia hasta enero, pero este año intentó dar el salto a gobernador y los votantes republicanos lo despacharon con solo un 15% de apoyo. Gabriel Sterling, el ayudante que entonces desmontaba ante las cámaras una por una las teorías de fraude, quedó cuarto en la carrera para sucederle.
El partido republicano ha dictado sentencia, por tanto, sobre los dos funcionarios que se negaron a tocar un recuento. Pero el resto de Georgia no parece tenerlo tan claro. El candidato que Trump ha bendecido para el Senado, Mike Collins, pierde en las encuestas por ocho puntos y el que aspira a gobernador está en empate técnico tras gastarse una fortuna personal. Mientras, el asunto que ha trepado a lo más alto de las preocupaciones del votante estadounidense no es la inmigración o la gasolina, sino la corrupción, que es precisamente un punto débil para ambos candidatos.
De las 35 carreras al Senado que se deciden el martes, Georgia es la única que los demócratas tienen que defender en un estado en el que Trump ganó hace dos años. El senado, ahora mismo, tiene 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes. De los escaños en juego este martes 22 son republicanos. Los demócratas necesitan arrebatar cuatro para llegar a 51. Si Jon Ossoff, el senador demócrata que se presenta a la reelección, pierde, la aritmética se complica bastante.
Ossoff entró en el Senado por la puerta más estrecha imaginable, con una segunda vuelta de enero de 2021 y por solo 1,2 puntos, lo que sobre el papel lo convierte en el senador más vulnerable del país. Pero las encuestas dicen otra cosa. Lo sitúan ocho puntos por delante del congresista Mike Collins, 48% contra 40%. Es increíblemente popular y carismático y su nombre suele figurar en la lista de probables candidatos demócratas a la presidencia en 2028.
Que la corrupción haya acabado siendo el eje de la campaña le ha beneficiado. Los dos aspirantes republicanos llegan a noviembre con un expediente abierto cada uno. El de Collins, que aspira a arrebatar el asiento de Ossoff, es el clásico. El congresista, transportista e hijo de otro congresista, arrastra desde octubre del año pasado una investigación del comité de ética de la cámara por el presunto uso de fondos públicos para pagar a alguien que no trabajaba en su oficina. Él lo niega pero se ha negado a cooperar. A eso se han sumado las informaciones de CNN y de la cadena PBS sobre dos antiguos asesores y sobre su propio yerno, a los que atribuyen contenidos antisemitas y de extrema derecha. Ossoff, que llegó a la política desde el periodismo de investigación, abrió el debate del pasado 8 de octubre explicando que los que se celebra el martes es «el juicio de Mike Collins».
El del empresario Rick Jackson, candidato a gobernador, es más interesante, porque no hay acusación ninguna y resulta más difícil de explicar. Sus empresas han cobrado cerca de 1.000 millones de dólares de la Administración del Estado desde el ejercicio de 2020. La mayor parte, unos 710 millones, salió del Departamento de Salud Comunitaria para suministrar personal sanitario durante la pandemia con fondos federales, en una adjudicación sin concurso. Una de sus filiales ha prorrogado su contrato hasta finales del próximo junio, seis meses dentro del mandato del gobernador que salga el martes, que podría ser él.
Jackson, que promete desvincularse de sus negocios si sale elegido, ha respondido que la prórroga tiene una cláusula de cancelación a 30 días y que el contrato «quedará terminado» al día siguiente de ganar. Pero reconoce que no sabe «qué están haciendo todas mis empresas». Sostiene que «siempre ha cumplido y siempre cumplirá la ley», y su campaña recuerda que fue el gobernador actual, Brian Kemp, quien le pidió médicos y enfermeras cuando llegó el covid. Su rival, la ex alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, lo repite en cada acto: los georgianos «tienen derecho a saber cuánto dinero está ganando Rick Jackson a costa de los contribuyentes».
Esos dos expedientes caen sobre un terreno nacional que lleva meses abonándose. La corrupción no figuraba en ninguna hoja de ruta de campaña hace un año pero hoy encabeza las preocupaciones de los votantes según la última encuesta económica de la cadena CNBC. Está por delante de los precios en el supermercado o de la gasolina. Un 89% de los norteamericanos está convencido de que está extendida por el Gobierno, según Gallup y dos tercios creen que Trump la ha usado durante su presidencia para enriquecerse.
El material que alimenta esas cifras ha ido llegando con una puntualidad que ningún estratega demócrata habría podido programar. El 20 de octubre, a dos semanas de la votación, The New York Times revelaba que Alina Habba, abogada personal del presidente y después fiscal federal interina en Nueva Jersey, firmó un contrato de más de 50 millones de dólares con una sociedad recién creada por la hija del banquero venezolano Julio Herrera Velutini para prestar servicios de asesoría. Dos semanas después de comenzar a trabajar, el banquero, acusado de sobornar a varias autoridades durante una campaña electoral en Puerto Rico, recibía un perdón presidencial.
La corrupción no es la única sombra que pesa sobre la campaña republicana y el ex presidente Barack Obama se encargó de recordarlo el pasado miércoles en Morrow, veinte kilómetros al sur de Atlanta, donde compartió escenario con Ossoff y Bottoms. «El presidente de Estados Unidos está dedicando su tiempo a pegar medallones de oro en la repisa de la chimenea del Despacho Oval», dijo. «Está haciendo manualidades mientras estamos en guerra y lidiando con unos precios fuera de control». Dos años, resumió, «de caos, crueldad, corrupción e incompetencia».
El problema para los demócratas es que la percepción de corrupción no ha producido un trasvase limpio de votos. El 41% de los votantes encuestados no se fía ni de unos ni de otros para arreglarlo. La ventaja demócrata en este tema es de solo siete puntos, poco para una legislatura repleta de escándalos.
Para los republicanos el respaldo de Trump, que en cualquier otra campaña republicana sería el activo principal, ha llegado tarde y mal. Trump pasó meses sin pronunciarse, dejando que media docena de aspirantes se desgastaran compitiendo por su afecto, y bendijo a Collins solo dos días antes de la segunda vuelta de junio, con su nominación ya encarrilada. El motivo que dio para no apoyar al rival, el ex entrenador de fútbol americano Derek Dooley, al que respaldaba Kemp, explica dónde está hoy el Partido Republicano de Georgia. Dooley había reconocido en un acto que Joe Biden ganó el estado en 2020. Seis años y tres recuentos después, admitir el resultado sigue poniendo a cualquier republicano en la lista negra de Trump.
La mejor baza de la campaña republicana en el estado es el actual gobernador, Brian Kemp, que Trump intentó purgar en 2022 por no mover un dedo para alterar el recuento de las presidenciales de 2020. Sigue siendo increíblemente popular entre los georgianos, con un 70% de apoyo (frente a un 42% para Trump).
Rick Jackson lleva desde junio intentando resolver esa ecuación, y el resultado ha sido una de las coreografías más entretenidas de la campaña. En primarias prometió ser «como Trump, pero con tono sureño», y con ese discurso derrotó en la segunda vuelta al vicegobernador Burt Jones, que llevaba el respaldo expreso del presidente. Pero desde que ganó se parece cada vez más a Kemp, que hoy hace campaña a su lado. Cuando Trump volvió a Georgia a mediados de mes, Jackson subió con él al escenario en Dalton y no lo mencionó ni una vez en su discurso.
El lunes 19, su portavoz anunció que se saltaría el siguiente mitin presidencial, el sábado en Perry, para movilizar votantes en el condado de Cherokee junto a Kemp como «multiplicador de fuerzas». El viernes rectificó y acabó en los dos. En Perry le dio las gracias a Trump por la nueva fábrica de Audi en el estado.
De las dos carreras, la de gobernador es la que los republicanos tienen más a mano. Jackson se ha gastado cerca de 200 millones de dólares propios en la campaña, pero le han rendido. La encuesta más reciente del Atlanta Journal-Constitution le da un 46% de apoyo, frente al 45% de Keisha Lance Bottoms, que si gana será la primera gobernadora negra de la historia de Estados Unidos. La última vez que Georgia eligió a un gobernador demócrata fue en 1998, cuando al euro le faltaban dos meses para existir.
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